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El Congreso aprueba la norma que debe ayudar a España a librarse de los combustibles fósiles y reducir las emisiones de efecto invernadero.

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El Congreso de los Diputados ha aprobado el jueves 8 de abril la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El Senado deberá ahora darle el visto bueno y, si no incluye modificaciones, la ley quedará definitivamente aprobada previsiblemente en mayo. El objetivo de esta norma es ayudar a España a cumplir con sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático para alcanzar “antes de 2050″ la denominada “neutralidad climática” (que el país solo pueda emitir los gases de efecto invernadero que puedan ser absorbidos por los sumideros, por ejemplo, los bosques). Para ello, la norma establece una serie de metas intermedias y de medidas concretas.

En el preámbulo de la ley, que se presenta también como un instrumento para canalizar los fondos europeos de recuperación, se asegura que la transición energética promovida por esta norma “permite movilizar más de 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década 2021-2030″. Además, se sostiene que “el empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 personas al final del periodo” gracias a las medidas propuestas. Estos son los objetivos y las acciones más destacadas que incluye la primera ley climática de España.

Metas para 2030. La norma fija una serie de metas concretas para esta década y un sistema de revisión al alza de esos objetivos para cumplir con el Acuerdo de París. La primera de esas revisiones se deberá realizar en 2023. Estos son los principales objetivos fijados en la ley para 2030

  • Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto a las de 1990.
  • Alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42% (frente al cerca del 20% actual).
  • Alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable (frente al 40% de este momento).

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Movilidad. En 2019, el último año del que hay datos oficiales, casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de España procedieron del sector del transporte —y en gran medida del transporte por carretera—. La ley aprobada este jueves intenta acompañar la tendencia de cambio en la movilidad que ya se está dando en la sociedad y el sector industrial hacia el vehículo eléctrico, fundamentalmente. 

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Sector eléctrico. El sector eléctrico representa en estos momentos algo menos del 14% de las emisiones de efecto invernadero del país. Gracias al cierre paulatino de las centrales de carbón y al aumento de la implantación de renovables, el sector cada vez emite menos de estos gases. Pero se necesita mucho más. La ley contempla duplicar en 2030 la cuota de renovables de la generación eléctrica en España hasta llegar a un 74%. Y fija como objetivo para 2050 que el 100% de la generación eléctrica sea renovable.

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Combustibles fósiles. La norma establece una serie de limitaciones para la explotación de nuevos yacimientos de combustibles fósiles en España, tanto en tierra como en explotaciones marinas. La quema de este tipo de combustibles para generar energía es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero.

Eficiencia energética y rehabilitación de edificios. La ley pretende servir para canalizar los fondos europeos del plan de recuperación también en materia de edificación y eficiencia energética.

Adaptación y biodiversidad. La ley incluye varios apartados referidos a la adaptación al cambio climático. Hay determinados impactos del calentamiento que ya no se podrán revertir, por lo que la norma establece medidas relacionadas con este asunto y con la protección de la biodiversidad.

Riesgos financieros, empresas y comité de expertos. La ley incluye varios apartados que buscan ampliar el conocimiento sobre los riesgos a los que se expone la economía del país debido al cambio climático, además de un cierto control externo de las medidas contra el calentamiento.

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